En estos tiempos de debate sobre la rentabilidad económica de la administraciones autonómicas que compiten con la nacional, con sus presupuestos y organismos públicos propios cabe plantearse, si el debate existiría si las administraciones autonómicas hubieran desarrollado sistemas de inteligencia económica o competitiva en su territorio o jurisdicción.
Para confirmarlo, bastaría con que algunos consejeros autonómicos (y también algunos ministros) respondieran a las siguientes preguntas:
- ¿Disponen de un sistema de indicadores que permita anticipar futuros escenarios sociales, políticos, económicos y financieros a medio y largo plazo?
- En caso de disponer de estos sistemas ¿están diseñados para que se adapten a los cambios en el entorno?
- ¿Se sabe qué factores del entorno están influyendo directamente en la vida de los ciudadanos y en la actividad de las empresas?
- ¿Existe un sistema de información sobre las actuaciones de competidores? (ya sean privados u otros organismos públicos)
- ¿Se comparte la información entre los diferentes departamentos de la autonomía?
Y sobre todo - ¿Existe una visión conjunta de futuro sobre la autonomía/región (o al menos el esfuerzo) entre el gobierno, las empresas y agentes sociales?
Para responder afirmativamente a estas cuestiones, se requiere de una perspectiva a largo plazo frente a una puramente cortaplacista. No hay que olvidar que la inteligencia competitiva regional tiene una clara función estratégica, mejorar la competitividad y el atractivo de la región para las empresas de un sector determinado, preferentemente en aquel que mayor atractivo y riqueza pueda aportar en la región. O es que ¿alguien cree que el éxito económico de un país es fruto de la casualidad o de actuar pensando sólo en el corto plazo?